Libertad y seguridad son para la Constitución española dos valores inseparables. Garantizar la seguridad de los ciudadanos es asegurarles el disfrute de los derechos y libertades que les son inherentes como personas y ciudadanos.

Los ciudadanos perciben la seguridad como una situación de orden que permite a las personas vivir con tranquilidad y con la confianza de que pueden ejercer con libertad cada uno de sus derechos.

Combatir la delincuencia es tarea especialmente asignada al Gobierno de la Nación, pero la Policía Local no puede quedar al margen de la lucha contra la delincuencia, y debe colaborar cada día más en ello. La seguridad como valor constitucional incumbe a todos los poderes del Estado, uno de los cuales es el Poder Local, por lo que el Ayuntamiento debe también comprometerse en este esfuerzo por conseguir una sociedad más segura para hacerla más libre.

Para garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos hay que ahondar en cuestiones sociales, policiales y judiciales. Por lo tanto, propugnamos una actuación que combine estos tres ámbitos básicos, desde el convencimiento de que sólo a través de una adecuada conjunción de esfuerzos en todos ellos es posible hacer frente, con   éxito, a la delincuencia.  

La marginalidad y los riesgos de exclusión son, en gran medida, el origen de la inmensa mayoría de los delitos que generan inseguridad entre los ciudadanos. Por eso, intensificaremos el desarrollo de las políticas destinadas a lograr mayor cohesión social y menor riesgo de exclusión.

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